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El escenario político del 2021 y los costos de un error que serán caros : EX-ANTE, Cristian Bofill

La decisión de mezclar el proceso constituyente con el proceso electoral tendrá efectos perversos tanto para el contenido de la nueva constitución como para el éxito del próximo gobierno. Eso se empezará a sentir apenas inicie sus deliberaciones la convención constitucional y se inicie a la larga temporada electoral de 2021. Los costos de ese error serán caros.
Una innovación nefasta: Normalmente, los procesos constituyentes se inician después de los procesos electorales. En Chile en 2021, vamos a innovar al iniciar un proceso constituyente de forma concurrente con un proceso electoral. Cuando los miembros de la convención constitucional inicien sus deliberaciones en el mes de mayo, las distintas coaliciones estarán comenzando sus propios procesos de selección de candidatos presidenciales y parlamentarios. A comienzos de mayo de 2021 se deberán inscribir los candidatos a las primarias presidenciales y legislativas que se realizarán el 4 de julio de 2021. En sus primeras sesiones, la convención constitucional estará fuertemente influenciada por la forma en que se desarrolle la campaña presidencial paralela. Los miembros de la convención se convertirán en caja de resonancia de las promesas y compromisos que realicen los aspirantes presidenciales, primero de cara a las primarias de julio de 2021 y después en la campaña para las elecciones de noviembre (y segunda vuelta de diciembre) de 2021. El problema de hacer coincidir la temporada electoral con el proceso constituyente es la presión por la discusión cortoplacista que inevitablemente existe en una campaña electoral. Los candidatos prometen cosas para ganar elecciones. Como prometen más de lo que pueden cumplir, se genera una inflación de promesas y exceso de expectativas respecto del nuevo gobierno. Expectativas versus letra chica: Una vez terminada la campaña, los candidatos ganadores se apresuran a bajar las expectativas y sumar letra chica a sus compromisos. Pero en esta ocasión, esa tarea será especialmente difícil de realizar. Primero, porque la convención constituyente pondrá muchas de esas promesas en el texto de la nueva constitución y, por lo tanto, será difícil añadir letra chica a esos compromisos. Las promesas representarán un costo fiscal enorme que pondrá mucha presión a las cuentas públicas y a la posibilidad de retomar un camino para terminar con el amplio déficit fiscal que se profundizó con el estallido social de 2019 y con la pandemia de 2020. Segundo, el presidente electo a fines de 2021 tendrá dificultades para iniciar la transición a su nuevo gobierno. Cuando asuma el nuevo gobierno el 11 de marzo de 2022, la convención constitucional seguirá deliberando y lo hará al menos hasta mediados de mayo de 2022 (o incluso después, si la convención decide extender su propio periodo). Cortoplacismo: Eso inevitablemente restará protagonismo al nuevo gobierno. Después de todo, el nuevo gobierno será el último vestigio de la constitución de 1980 y sus poderes y atribuciones se conocerán recién tres meses después de que haya asumido el poder. Como habrá un plebiscito de salida para ratificar la nueva constitución (en julio o agosto de 2022), la nueva administración estará concluyendo su luna de miel cuando entre en vigencia el nuevo texto. Para entonces, el gobierno ya estará en problemas de gestión y errores no forzados que siempre ocurren y los cheques a fecha firmados por la convención constituyente comenzarán a vencerse. El problema evidente de diseño institucional es que, contra toda lógica, haremos coincidir un proceso electoral con un proceso constituyente. Mientras los procesos electorales se caracterizan por lógicas cortoplacistas, los procesos constituyentes deberían estar diseñados para pensar y discutir las reglas del juego institucional para las próximas décadas. Pero en Chile, quisimos ser creativos y decidimos juntar el aperitivo con el postre. En vez de pensar en el país que queremos construir para las próximas décadas, el proceso constituyente estará contaminado por las promesas cortoplacistas que inevitablemente abundan en las campañas electorales. Es más, los miembros de la convención constitucional estarán más preocupados de ayudar a sus abanderados presidenciales a posicionarse para ganar la elección que a diseñar las reglas del juego del nuevo sistema político chileno. Los costos de este error los pagaremos dolorosamente en las próximas décadas.
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