Violencia en La Araucanía: Oposición cierra filas contra participación de las FF.AA. en apoyo a las policías - Ex-Ante : Por Cristian Bofill

Panorama general: En todo el espectro de la oposición rechazaron que el Gobierno incorpore a las FF.AA. en el plan para enfrentar la violencia en la macrozona sur, decisión que adoptó el Presidente Piñera en una reunión con FF.AA., Carabineros y PDI el lunes 22/02, a raíz del considerable aumento de atentados en la zona durante febrero.
Entre el 01/01 y el 14/02, los episodios violentos aumentaron un 110% en relación al año pasado. Y los atentados luego de esa fecha han continuado. Primero se transmitió que las FF.AA solo aportarán equipamiento y tecnología, pero el miércoles el Gobierno anunció que también realizarán patrullajes con policías. En la oposición dieron argumentos técnicos y políticos en contra. Entre los segundos, se acusó una “militarización” y que la solución al conflicto debe ser a través del diálogo político entre Gobierno, mapuches, forestales y agricultores, y abordar demandas del pueblo mapuche. Lo sintetizó el candidato presidencial PPD, Heraldo Muñoz: “Estoy en contra de la militarización de La Araucanía. Ya hemos visto fracasos rotundos. No hay otro camino que el diálogo para ir a las causas del conflicto, la construcción de confianzas, aislar a los violentos e invertir en inteligencia”. El senador DC Francisco Huenchumilla agregó: “Se requiere no solo seguridad, sino medidas políticas y que el Gobierno dialogue con todos”. Competencias de las FF.AA. y riesgos: Apuntan a que más allá de su mayor poder de fuego, las FF.AA. en Chile no están entrenadas para tareas de orden público, y que ello puede repetir errores de las fuerzas de orden y gatillar responsabilidades de autoridades políticas, como pasó en el caso Catrillanca. Huenchumilla: “El Gobierno debe irse con más cuidado. Debe haber mucha prudencia en no inmiscuir a las FF.AA. en orden público, es un error”. José Miguel Insulza, senador PS: “No se debe meter militares a patrullar situaciones de violencia y seguridad interna del país. No es prudente”. Gabriel Silber, diputado DC: “Es efectista, porque a diferencia de México y Colombia, en Chile las FF.AA. carecen de la expertise de relacionamiento en seguridad con población civil”. Leonardo Soto, diputado PS: “Los militares no tienen el entrenamiento ni protocolos de fuerza para tareas policiales. En el minuto que las FF.AA. disparen su armamento en La Araucanía, habrá responsabilidad política del Presidente y ministro del Interior”. Las objeciones legales: El punto más delicado para la oposición es que el Ejecutivo se ampare en el rol de las FF.AA. en control del orden público por el decreto del estado de catástrofe por covid-19 para instruirles labores de combate a la violencia interna: interpretan que el tipo de rol que les entrega el documento apunta a medidas de control sanitario y restricción de circulación. Creen que podría considerarse ilegal. Soto: “Las FF.AA., en ese decreto, están autorizadas solo para controlar y restringir el tránsito, no para intervenir con armamento letal en La Araucanía. El Gobierno arrastra a militares a un rol policial sin una autorización constitucional para ello. Está al margen de la ley y atenta contra el Estado de Derecho”. Y el otro punto es un debate que ya se abrió cuando La Moneda emitió un decreto para que las FF.AA. apoyen en el control del narcotráfico en fronteras: que la Constitución asigne a las FF.AA. principalmente roles de soberanía y defensa nacional, explica Huenchumilla. “Solo en casos excepcionales pueden participar en otras tareas. Y para eso tendría el Gobierno que decretar estado de sitio, pero dura solo 15 días. Quiero saber el fundamento legal para meter a las FF.AA. en tareas de seguridad interior”, agrega. Acciones jurídicas: Las está estudiando la bancada de diputados PS, aunque reconocen que el hecho de que se trate solo de una instrucción anunciada comunicacionalmente -sin que hasta ahora se conozca un decreto ordenándola- dificulta hallar una fórmula jurídica para frenar la participación de las FF.AA. en el conflicto mapuche. Por ejemplo, los recursos opositores ante Contraloría contra el rol de las FF.AA. en el narcotráfico produjeron un resultado, justamente porque se impugnaba una herramienta jurídica concreta: un decreto presidencial, que el Contralor visó, pero con objeciones que delimitaron las atribuciones de las FF.AA. Soto explica que el PS estudia recursos ante Contraloría o el TC. Extensión del estado de catástrofe: A mediados de marzo, el Gobierno deberá conseguir el apoyo del Congreso para extender el estado de catástrofe por covid-19 -al cumplirse un año -, y entre diputados de izquierda han discutido rechazarlo si La Moneda persiste en ampararse en ese escenario jurídico para que las FF.AA. apoyen en La Araucanía. “Utilizando este decreto para fines diversos a los que lo justificaron, el Gobierno no merece la aprobación de la prórroga”, afirma Soto. Difícil piso político en la oposición: En la izquierda reconocen en privado que mientras La Moneda no fundamente legal y técnicamente la necesidad de la presencia de las FF.AA., no existe piso político en su sector para respaldar una medida así, más aún si el propio Mario Desbordes (RN) la cuestionó. Aunque admiten que tampoco cuentan con respuesta para un conflicto que se arrastra hace décadas. Insulza: “Reconozco no tener muchas respuestas, quisiera, estamos trabajando en la reforma a las policías”. La única opinión opositora a favor fue el diputado DC Miguel Ángel Calisto: “Si el Gobierno requiere ayuda de las FF.AA. para garantizar el orden público en La Araucanía, debe solicitarlo”. Rol de Presidenta del Senado: Parlamentarios han intercambiado opiniones con Adriana Muñoz (PPD), convocada por el Presidente Piñera a reunión de los poderes del Estado. Quienes conversaron con ella afirman que evalúa no asistir a la cita, molesta por el anuncio del rol de las FF.AA. Habría dicho que se trataría de “un falso diálogo” para justificar “medidas represivas” en la zona.
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