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El hombre del arsenal en La Araucanía: Cómo cayó y sus influyentes redes familiares y políticas en la zona:Ex-Ante - Por Cristian Bofill

Una denuncia anónima por presunto narcotráfico realizada en febrero al programa Denuncia Segura, mostró una hebra que terminó con el oficial de sala del Juzgado de Garantía de Traiguén tras las rejas por infracción a la ley de armas, además de un decomiso de explosivos, un fusil de guerra y otras armas. También mostró los nexos del funcionario judicial con el mundo político, y el temor de que un número indeterminado de órdenes de arrestos y allanamientos se hayan frustrado por la información reservada que manejaba.
Cómo partió todo: El 22 de febrero, dicen fuentes de gobierno, llegó una denuncia anónima al programa Denuncia Segura de la Subsecretaría de Prevención del Delito por un presunto caso de narcotráfico en Traiguén, en la Región de La Araucanía. Fuentes de gobierno dicen que los datos iniciales eran que el futuro imputado compraba marihuana a comunidades mapuche cercanas para su tráfico. Otra versión apuntaba a que también las cultivaría en su patio. Se informó de la situación al fiscal regional Cristián Paredes y la investigación fue encargada al OS-7 de Carabineros, quienes llegaron la tarde del lunes 5 a un domicilio en Traiguén emplazado en un barrio de casas pareadas, construidas en la década de 1960. Cómo cayó: Los policías pidieron al dueño de casa registrar la propiedad, a lo que éste se negó. “Soy funcionario del Poder Judicial, conozco mis derechos y no les doy permiso”, habría dicho. Esta negativa habría alertado a los policías, que informaron al fiscal de turno de lo ocurrido. El hombre, de 38 años, era en efecto el oficial de sala del Juzgado de Garantía de Traiguén. El fiscal intentó conseguir una orden judicial de entrada y registro, encontrándose con un obstáculo: dos jueces se inhabilitaron argumentando que conocían al imputado, dijeron fuentes ligadas al caso. Así se perdieron unas dos horas, período en que los policías veían desde afuera de la casa como el funcionario judicial empezaba a sacar bolsos al patio y los lanzaba hacia las casas colindantes. A las 9:05pm, por orden de la Corte de Temuco, la jueza Sandra Nahuelcura del Juzgado de Garantía de Collipulli autorizó que entraran, lo que los funcionarios concretaron 10 minutos después. En un mueble de la casa encontraron un revólver calibre 38 con la serie borrada, lo que cambió el propósito del allanamiento, que terminó en el hallazgo de un arsenal que incluía armas cortas y largas y más de 600 cartuchos. De drogas se encontró muy poco: apenas dos gramos de marihuana. El funcionario fue formalizado por cuatro delitos de infracción a la ley de control de armas (y un quinto de infracción a la ley de drogas). El martes 6 fue enviado por la misma jueza Nahuelcura a prisión preventiva, por considerarlo un peligro para la seguridad de la sociedad. La jueza ordenó también sólo dar las iniciales del imputado. Las redes políticas: Antes de terminar el procedimiento, salió desde una casa vecina un personaje conocido en Traiguén: el padre del imputado, el exgobernador de Malleco y exintendente sustituto durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, Guillermo Pirce. Entregó a la policía un revólver calibre. 38, debidamente inscrito a nombre del imputado, por lo que la fiscalía no lo consideró en la formalización. Guillermo Pirce fue gobernador de Malleco e intendente subrogante de La Araucanía durante el verano de 2017. Antes de ocupar esos cargos trabajó en la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), desempeñándose principalmente en la región. Es un dirigente influyente en Malleco, producto de su cercanía con la Iglesia Católica, ya que trabajó como asistente social en el Arzobispado. También desempeñó diversos cargos en gobiernos de la Concertación, desde el gobierno de Eduardo Frei en adelante, principalmente ligados al Ministerio del Interior. Es cercano al senador Jaime Quintana, a la diputada Andrea Parra y al presidente regional PPD, el empresario Essio Guidotti. También mantiene buenas relaciones con agricultores y personeros de Chile Vamos como el diputado RN Jorge Rathgeb, y dirigentes mapuches de Traiguén. El alcalde de Traiguén, Ricardo Sanhueza Pirce, (ind. pro PPD) es primo del imputado, y fue electo en 2016 con una alta votación (51,6%). Este posee vínculos políticos similares a su tío, Guillermo Pirce. Las redes en grupos radicales: Fuentes de gobierno, que se querellaron por lo ocurrido, dicen que una de sus preocupaciones es la cantidad de información sensible que el funcionario pudo filtrar hacia grupos ligados a la violencia rural. El imputado llevaba 11 años trabajando en la zona en el Poder Judicial y tenía acceso a órdenes de entrada y registro, así como a órdenes de detención. Si bien es descrito como alguien de bajo perfil, sus vínculos con grupos radicales eran amplios. Fuentes ligadas al caso dicen que en sus años universitarios trabó amistad con el activista pro-mapuche Emilio Berkhoff, quien está actualmente en prisión por una causa de narcotráfico. Lugareños dicen también que era conocida su cercanía con Juan Pichún, dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). Otras fuentes cuentan que en su juventud tuvo proximidad con el llamado Ejército Guerrillero del Pueblo-Patria Libre (EGP-PL), facción del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), que décadas atrás concentró su labor en el sur del país. Estas fuentes mencionan sus eventuales vínculos con la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML) y Resistencia Mapuche Malleco (RMM). Doble vida: Fuentes ligadas al caso afirman que el funcionario habría llevado una doble vida y que las armas de fuego encontradas en su casa podrían haber sido utilizadas en atentados registrados en la zona macro sur. El Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) indagará si los cartuchos calibre 7.62 incautados, que corresponden a munición de guerra, podrían haber sido utilizados en el baleo al efectivo de la Policía de Investigaciones (PDI) que murió en enero en la comunidad de Temucuicui, la que está conectada con Traiguén en una de sus salidas. También se harán comparaciones con otros delitos, como el homicidio del cabo Eugenio Naín, 24, quien murió en octubre del 2020. En su caso la munición utilizada habría sido 5.56, calibre que no fue encontrado en la casa del imputado. Respecto de los explosivos, se indagará si estos fueron utilizados en atentados a cajeros automáticos. Una de las aristas por dilucidar es si el funcionario sólo abastecía a grupos extremos de armamento o si participaba directamente en atentados.
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