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Jueces de Traiguén rechazaron autorizar allanamiento a funeral de la CAM pese a presencia de encapuchados armados :EX-ANTE : Por Cristian Bofill

La fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía solicitó en 2 oportunidades autorizar la entrada y registro al fundo Pidenco donde la CAM realizó esta semana el velorio y funeral del integrante del grupo radical muerto el viernes 9 en un ataque incendiario en La Araucanía. Registros fotográficos mostraron a encapuchados armados resguardando el féretro. Las peticiones fueron rechazadas por los mismos jueces de Traiguén que en abril se inhabilitaron para autorizar el allanamiento a la casa de un oficial de sala del tribunal que mantenía un arsenal de guerra en su casa.
En qué fijarse: El velorio y funeral del integrante de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) Pablo Marchant, quien murió el viernes 9 durante un ataque incendiario al fundo Santa Ana-Tres Palos de Carahue —en que un trabajador forestal resultó herido grave—, estuvo marcado por la presencia de encapuchados portando armas largas, y la ausencia de intervención policial. El lunes 12, la CAM organizó el velorio en el fundo Pidenco de Lumaco, donde el sitio Werkén Noticias difundió imágenes de 4 encapuchados con armas largas en torno a un féretro, uno de los cuales portaba lo que parecía ser un fusil M-16. “Al interior del ex fundo Pidenco, entre Lumaco y Capitán Pastene, se desarrolla el velorio del weychafe (guerrero) Pablo Marchant. Hasta el lugar han llegado comunidades de diferentes identidades territoriales”, decía uno de los tuits subidos esa mañana en el sitio. Esta guardia armada también estuvo presente en el masivo funeral realizado el martes 13 en el mismo lugar, donde videos difundidos por redes sociales mostraron a encapuchados realizando tiros al aire en modo de ráfaga y a niños efectuando danzas tradicionales. “Miles de comuneros y delegaciones llegan hasta el ex fundo Pidenco a despedir y a participar del Eluwun (funeral)”, decía uno de los tuits subidos por Werkén Noticias el martes 13. El lunes 12, el gobierno presentó una querella en el juzgado de Garantía de Traiguén, donde se pidió ingresar al lugar para incautar las armas, entre otras diligencias. Esa petición fue acogida por la fiscalía, que trató el tema con el coordinador de la macrozona sur, Pablo Urquízar, dicen fuentes conocedoras del caso, Ese lunes, la fiscalía se contactó inicialmente por teléfono con la jueza Karina Muñoz de Traiguén, para solicitar que autorizara la entrada y registro al lugar. Su respuesta, dicen estas mismas fuentes, habría sido que las imágenes eran insuficientes para ubicar el lugar donde se estaba desarrollando el velorio, por lo que rechazó la petición. Esta solicitud habría sido reiterada el martes 13, presentando información policial que precisaba el lugar donde se desarrollaba, ya no el velorio, sino que el funeral de Pablo Marchant, ante más de mil personas. Esta segunda petición también habría sido rechazada, en esta oportunidad por el juez Jaime Manríquez, argumentando que los elementos presentados eran insuficientes para acreditar la flagrancia del delito, porque las imágenes no permitían establecer cuándo ocurrieron los hechos. Carabineros, que por ley puede actuar sin una orden judicial ante un delito flagrante, se mantuvo a distancia en ambas jornadas. Asistentes al funeral relataron que, salvo por el ruido del rotor de un helicóptero que se escuchaba a la distancia, hubo ausencia policial en el funeral. El rol de los jueces en el caso del arsenal de guerra: Los 2 jueces de Traiguén que rechazaron la orden de entrada y registro solicitada por la fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía en el caso de Pablo Marchant, habían tenido figuración pública este año, luego de que el 5 de abril fuera detenido el oficial de sala del juzgado de Letras y Garantía de Traiguén, con un arsenal de guerra en su domicilio. Este último está actualmente en prisión preventiva. En esa oportunidad, tanto la jueza Karina Muñoz como el juez Jaime Manríquez se inhabilitaron para resolver la solicitud de la fiscalía de realizar entrada y registro a su casa, puesto que lo conocían en su calidad de funcionario del tribunal. El allanamiento fue finalmente autorizado por la jueza Sandra Nahuelcura de Collipulli. En 2020, la jueza Muñoz sí había tenido participación en otra causa que involucraba al funcionario judicial, quien había comenzado a trabajar el 17 de diciembre de 2009 en el juzgado de Traiguén. El Poder Judicial registra una causa de agosto de 2020, por un episodio de violencia en el hogar que lo involucra. En esta se lee que el funcionario judicial, quien se había casado en 2017 en Traiguén, en una oportunidad, “le habría propinado golpes de pies y puño en diferentes partes del cuerpo (a su mujer), no importándole la presencia de sus hijos”. Al lugar habrían llegado los padres del funcionario, que viven en la casa vecina, quienes la llevaron a su vivienda, para que dejara de golpearla. Cuando llegó Carabineros, ella negó que hubiera ocurrido alguna agresión, por lo que la fiscalía no investigó el caso. En la solicitud de la fiscalía para no investigar el caso se consigna el testimonio de una sicóloga que sostiene que su paciente le dijo que su conviviente “padece un trastorno siquiátrico, lo que detona su actitud violenta”. El 7 de agosto de 2020, la jueza Karina Muñoz aprobó la decisión del Ministerio Público de “abstenerse de toda investigación por no ser constitutivos de delito los hechos sobre los que recae la denuncia”. Ocho meses más tarde, la misma jueza se abstendría de resolver el allanamiento a la casa del funcionario judicial.
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