El transporte público regional no puede depender solo de la rentabilidad

Por Patricio Álvarez, Decano de la Facultad de Ingeniería, Universidad del Bío-Bío.

Las largas esperas en los paraderos, la disminución de frecuencias y el término anticipado de los recorridos, son situaciones que miles de usuarios enfrentan diariamente en distintas ciudades de regiones. Se trata de una realidad que genera frustración y afecta directamente la calidad de vida de las personas, especialmente de quienes dependen del transporte público para regresar a sus hogares después de trabajar, estudiar o realizar trámites. Desde una perspectiva técnica, la explicación es relativamente clara. Durante las horas de menor demanda, especialmente en la noche, la cantidad de pasajeros disminuye de manera importante, mientras que los costos operacionales se mantienen prácticamente constantes. Los buses deben seguir circulando, los conductores deben ser remunerados y la infraestructura continúa generando gastos. Como consecuencia, los ingresos dejan de ser suficientes para cubrir los costos, lo que lleva a muchas empresas a reducir frecuencias o finalizar sus servicios más temprano. Sin embargo, el transporte público no puede analizarse exclusivamente bajo criterios de rentabilidad. Su función trasciende el ámbito económico. Es un servicio esencial que permite el acceso al trabajo, educación, salud y la vida comunitaria. Cuando una persona debe esperar 30 o 40 minutos por una locomoción o simplemente no encuentra una alternativa para movilizarse, estamos frente a un problema que afecta la equidad y las oportunidades de desarrollo. Con frecuencia, los operadores atribuyen estas dificultades a la escasez de conductores o a los problemas de seguridad pública. Ambos factores son reales y generan complejidades operativas. No obstante, el principal desafío sigue siendo estructural. La baja demanda en determinados horarios dificulta la sostenibilidad económica del servicio. Por otro lado, la falta de conductores y la inseguridad incrementan los costos y las dificultades, pero no explican por sí solos la reducción de la oferta. Al mismo tiempo, existe una percepción cada vez más instalada entre los usuarios de regiones, que la modernización y la calidad del transporte público son privilegios reservados para Santiago. Es cierto que la capital concentra una demanda mucho mayor, lo que facilita el financiamiento de sistemas más complejos y frecuentes. También es cierto que históricamente ha recibido mayores inversiones y cuenta con una institucionalidad más robusta. Sin embargo, la solución no pasa por replicar exactamente ese modelo en las regiones, sino por diseñar sistemas acordes a las características y necesidades de cada territorio. Hoy el Estado dispone de herramientas que permiten monitorear con precisión la operación de los servicios. Los sistemas GPS instalados en gran parte de las flotas entregan información en tiempo real sobre recorridos y frecuencias. Por ello, el problema ya no es la falta de información, sino la capacidad de fiscalizar de manera efectiva y de establecer contratos cuyos términos realmente incentiven el cumplimiento. Cuando las multas son insuficientes, existe el riesgo de que terminen siendo asumidas como un costo más de operación. Mirando hacia adelante, el desafío es redefinir el rol que queremos que cumpla el transporte público. Si entendemos que su principal objetivo es garantizar movilidad de calidad para las personas, entonces los contratos, subsidios y mecanismos de financiamiento deben orientarse a ese propósito. Esto implica asegurar estándares mínimos de servicio, incorporar monitoreo permanente y generar mecanismos de compensación que permitan mantener la operación en horarios donde la demanda no alcanza para sostenerla por sí sola. La discusión sobre recursos también es relevante. La denominada Ley Espejo buscó fortalecer el financiamiento del transporte en regiones, pero aún persiste el desafío de demostrar que esos recursos se traducen efectivamente en mejores frecuencias, mayor cobertura y una mejor experiencia para los usuarios. El transporte público no es solamente un negocio. Es una herramienta de integración social, desarrollo territorial y equidad. Por lo mismo, la pregunta de fondo no es cuánto cuesta mantener un servicio cuando baja la demanda, sino cuánto le cuesta a una ciudad dejar sin movilidad a quienes más la necesitan.