Comerciantes de Valparaíso se oponen a recursos que buscan restringir la fuerza policial: “El control del orden público no supone necesariamente la violación de DD.HH.”

La agrupación Comercio Unido de Valparaíso, a través del abogado Juan Carlos Manríquez, recurrió a la Corte de Apelaciones para invalidar los recursos de protección interpuestos por el alcalde Jorge Sharp y la Universidad de Valparaíso. El gremio exige que se recupere el control del orden público y se restablezcan las medidas de Carabineros que han sido suspendidas por la justicia, dejándolos desvalidos ante saqueos y actos vandálicos.

Este jueves, el gremio de comerciantes que agrupa a los locatarios del centro de Valparaíso, recurrió a la justicia para invalidar los recursos de protección interpuestos por el alcalde de la ciudad, Jorge Sharp, y la Universidad local, que restringe el actuar de Carabineros durante manifestaciones.

A través del abogado Juan Carlos Manríquez, la agrupación Comercio Unido de Valparaíso - que reúne a los comerciantes de calle Condell entre los sectores de Plaza Aníbal Pinto hasta Plaza de la Victoria y de calle Pedro Montt- se hizo parte de los recursos de protección ya acumulados por hechos de violencia tras el 18 de octubre, exigiendo que se rechacen y se dejen sin efectos las órdenes de no innovar.

Asimismo, el gremio exigió que se recupere el control del orden público y se restablezcan las medidas policiales que han sido suspendidas por la justicia - bajo argumentos de represión policial y violencia innecesaria- lo que, a juicio de los recurrentes, los ha dejado desvalidos ante saqueos y actos vandálicos que provocan destrucción y daños.

De acuerdo al libelo, “en la práctica, las órdenes de no innovar decretadas producen un efecto contrario al esperado, afectando directamente las garantías constitucionales de aquellos a cuyo nombre me hago parte en este recurso, por cuanto sus derechos y garantías se amenazan, privan y/o perturban dado que se limita el actuar de las fuerzas de orden y seguridad públicas, para repeler actos delictuales como lo son un saqueo, destrucción o incendio de locales comerciales”.

Al respecto, Manríquez explicó que “es indudable el margen de duda y de ineficacia sobre la protección de los derechos de las personas civiles que, como los comerciantes de la calle Condell en Valparaíso, quedan indemnes y desprotegidos”.

“Tanta aclaración o complemento de las órdenes de no innovar que hoy han perdido oportunidad, ya sea porque los protestantes civiles no requieren ni necesitan una mayor protección, dado que si las policías se abalanzan sobre ellos se cometen violaciones a los derechos humanos severamente castigadas, y por otro lado, que las oscuridades en las órdenes que limitan el uso de elementos disuasivos, en la práctica favorecen los saqueos, el pillaje, vandalismo y robo, las personas que quedan entremedio, como los protestantes civiles pacíficos y los dueños de locales quedan absolutamente desprotegidos, por eso estamos pidiendo una acción coordinada, eficiente, genuina y clara que de una vez por todas permita recuperar el control del orden público”, recalcó el abogado.

En instó a “superar ese falso dilema que plantea que el control del orden público supone necesariamente, violación de derechos humanos, eso no es efectivo”. “Se pueden conciliar muy bien el respeto por los derechos humanos y el control del orden público”, puntualizó.