No solo el Transantiago: los cuatro sectores de la economía chilena que mantienen tarifas congeladas ( EX-ANTE)

Las tarifas del transporte público se mantendrán inalterables. Pero no son las únicas. Los mecanismos tienen impacto en la inflación y pueden generar distorsiones en la producción económica.

Tarifas. En Argentina hay 1.321 productos con precios congelados. En Chile, la situación es más acotada. Hay al menos cuatro sectores con tarifas congeladas. De acuerdo con un recuento efectuado por el Instituto Libertad y Desarrollo, los casos son los siguientes: Transantiago. “Pese a que el panel de expertos ha recomendado subir el precio en varias oportunidades, estos reajustes han sido desestimados tanto por el gobierno anterior como por este. No han dado curso a los reajustes. Ese es uno de los factores que tiene hoy al Congreso discutiendo un millonario aumento del subsidio al transporte público de US$ 2.356 millones”, indica LyD. Las tarifas allí están congeladas desde 2019.El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, causó sorpresa el martes cuando en una entrevista con radio Universo indicó que “todo este año vamos a tener la tarifa congelada y estamos considerando que ya a partir del próximo año empezar un proceso gradual de normalización […] Hoy día tenemos una diferencia entre lo que debería ser la tarifa y lo que es, del orden de $100”. Ante el revuelo de sus palabras, y el recuerdo de cómo un alza de $30 del transporte capitalino fue la chispa del Estallido Social, el Ministerio de Transportes aclaró unas horas más tarde que Muñoz no anunció un incremento en los pasajes: “El gobierno decidió, apenas comenzaba su gestión, ir en apoyo de las familias chilenas más vulnerables y anunció el congelamiento de la tarifa del transporte público regulado para todo el año 2022, entre otras medidas, mediante el Plan Chile Apoya, que ha sido un soporte importante para miles de familias”. Electricidad. En el sector las cuentas tienen un congelamiento desde 2019 también. “A partir del segundo semestre se empezará a descongelar el precio pero de manera gradual. Los usuarios de menos consumo mantendrán sus precios fijos (ni siquiera tendrán reajuste por IPC) y progresivamente el resto de los clientes tendrán alzas pero en la mayoría de ellas persistirá algún tipo de subsidio. A partir de 2023 los menores consumos tendrán reajustes acotados. Esta política se mantendrá hasta 2032”, describe LyD. Combustibles. En este caso, el uso del Mepco (Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles) apunta a un instrumento de regulación de los precios antes de que fijación. “Si bien el precio de los combustibles no está congelado, el Estado gastó, solo en el primer semestre, más de US$ 2.290 millones en mantener controlado el precio de los combustibles”, indica LyD. “Ello se descompone casi en partes iguales entre el subsidio directo que se ha entregado y lo que el Estado ha dejado de recaudar por el impuesto específico a los combustibles”. Isapres. En este caso se trata de un sistema que por diversas vías se ha ido consolidando para mantener inalterados los cobros a los afiliados. “Congelados desde 2019, los precios de los planes de isapres se suponía que podrían ser reajustados en 2022 fruto del mecanismo creado por la Ley 21.350 que facultaba a la Superintendencia de Salud a definir el monto de reajuste. Sin embargo, la aplicación de esa ley está en suspenso luego que fuese reclamada por afiliados ante tribunales y ante la propia Superintendencia, por lo que se está a la espera de un fallo de la Corte Suprema que de claridad sobre el tema”. Impacto. En el monitoreo de la inflación, entidades como el Banco Central deben establecer escenarios a partir de los cuales debe proyectar su política monetaria. Si existen sectores con precios congelados, implica una menor presión inflacionaria, pero al mismo tiempo puede ocasionar otras distorsiones en la economía que terminen repercutiendo en los escenarios de riesgo. Por ejemplo, pese al alto número de productos con precios congelados en Argentina, en ese país la inflación anotó 64% anual en junio. En comparación, en Chile llegó a 12,5% en 12 meses en junio. “Hay que distinguir entre productos que están subsidiados de manera permanente, y responden a otros aspectos que subyacen a la coyuntura, y otras que obedecen a la coyuntura que estamos pasando. Por ejemplo, el Mepco es un subsidio que existía desde antes de la crisis, y que busca proteger a las familias ante la volatilidad del precio de los combustibles. De igual forma, el subsidio al Transantiago tiene efectos positivos al tratarse del transporte público que utiliza una gran cantidad de personas en Santiago”, plantea Cristóbal Gamboni, economista senior del Observatorio del Contexto Económico (OCEC) de la Universidad Diego Portales. “El tema es que hoy hay algunos subsidios adicionales a estos mismo ítems, como la ampliación al Mepco, o a otros adicionales, como la electricidad. Esta situación obedece, primero, a las medidas por el covid, y se han alargado por la situación internacional que tiene impulsados a máximos los precios de los combustibles y las energías. Pero estas medidas han ayudado a que los hogares puedan seguir accediendo a bienes necesarios, aún con una coyuntura especialmente difícil en la historia económica reciente”, apunta. “Este tipo de medidas serán exitosas toda vez que sean transitorias. Si se pensara alargar un subsidio hasta hacerlo permanente, finalmente habrá desajustes de mercado que podrían afectar la producción o distribución del producto subsidiado”. Precisamente en una eventual prolongación se acrecientan los riesgos, indica Gamboni: “Si las medidas extraordinarias siguieran extendiéndose más allá del presente año, donde la inflación debería empezar a ceder y las medidas impulsadas por el coronavirus ya no parecen ser necesarias, las distorsiones que genera un subsidio prolongado podrían terminar afectando negativamente el funcionamiento de la economía”. Entre los elementos más mencionados en la literatura económica es que se disparan los desincentivos a la inversión y producción, cuando la carga del menor precio se pone en los productores; se generan problemas de abastecimiento y de mercado negro, cuando el peso está en los distribuidores o comerciantes, o bien disminuye la capacidad del mismo Estado para atender otras prioridades, cuando el congelamiento se establece mediante subsidios. En este último caso, además, surge el riesgo de que los actores privados “arbitren” sus precios a partir de las subvenciones; es decir, que dado que tienen un subsidio ya no tengan incentivos para reducir costos o mejorar la eficiencia de sus procesos productivos.